Una verdadera bomba periodística estalló por una investigación periodística realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), llamada “Pandora Papers”, que incluye una filtración de documentos de 14 despachos de abogados, especialistas en la creación de sociedades.

El escándalo tuvo repercusión a nivel mundial porque hay 92 políticos latinoamericanos involucrados, con la creación de sociedades “opacas”, es decir, que tienen domicilio fuera del país, en un paraíso fiscal. El reportaje que realizó Ciper junto a La Bot, plataforma digital que distribuye información a través de las redes sociales Telegram y Facebook, reveló que el Presidente Sebastián Piñera, en una de sus tantas sociedades en las Islas Vírgenes Británicas- famosas por ser paraísos fiscales- hizo una compraventa de la Minera Dominga con su amigo Carlos Alberto Délano, dueño de Banco Penta, y que también se vio involucrado en un caso de financiamiento ilegal de la política.

La polémica comenzó cuando se reveló que la transacción- 14 millones de dólares por un acta que se firmó en Chile, y luego 138 millones de dólares en el paraíso fiscal- se realizó a nueve meses desde que Sebastián Piñera llegó a la Presidencia. 

Además, las primeras alertas las encendió Radio Biobío, en año 2009, cuando revelo que el mandatario invirtió en el Proyecto minero-portuario Dominga. Y un año después, en 2010, cuando ya estaba en el poder, anunció que la construcción de la termoeléctrica Barrancones, ya no iba más, a pesar de tener todos los permisos para su funcionamiento en Punta de Choros, Coquimbo. Esto reveló el conflicto de intereses que tenía el mandatario en la región.

A partir de lo anterior, se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que concluyó que, según la información que se había recabado, y los antecedentes proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos, “permite, a lo menos, presumir que el ex Presidente buscó beneficiar a Minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”, dijo el escrito, que terminó en una querella presentada por el exdiputado Hugo Gutiérrez. Pero luego de una investigación, Sebastián Piñera fue sobreseído de los cargos, es decir, por falta de pruebas que lo incriminaran.

Frente a las acusaciones, el Presidente Sebastián Piñera dijo que todos los antecedentes que entregó el reportaje de Ciper y LaBot, “no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017. Además, fueron investigados en profundidad por el Ministerio Púbico y resueltos por los Tribunales de Justicia”.

Agregó que, al finalizar la investigación la Fiscalía determinó poner fin a la causa, “porque la venta se ajustaba plenamente a Derecho por la inexistencia de cualquier delito, y por haberse declarado judicialmente la  inocencia de este presidente de cualquier cargo mencionado con la mencionada operación”, dijo.

Además, “los activos financieros de mi familia se encuentran administrados en fidecomisos ciegos. Lo que por mandato de la ley significa que yo no conozco las inversiones que realizan las instituciones financieras profesionales, todas ellas reguladas por la autoridad". 

Ahora, parlamentarios de oposición anunciaron que evaluarán presentar una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Además, el fiscal nacional Jorge Abott ordenó a los abogados de la Unidad Anticorrupción que investigue la compraventa de la Minera Dominga, que tiene como participantes a la Familia Piñera y a Carlos Délano.