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De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el imputado, junto a su conviviente y su suegra, habría realizado diversas maniobras de lavado de activos, con el objetivo de incorporar al sistema económico formal recursos obtenidos de manera ilícita. El Ministerio Público sostiene que las conductas investigadas generaron un perjuicio fiscal estimado en $143 millones, recursos que habrían sido utilizados para la adquisición de distintos bienes a nombre del imputado y sus familiares. El acusado ejercía funciones como jefe de proyectos de fortalecimiento productivo en la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de La Araucanía. Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para el imputado, mientras que su conviviente y su suegra quedaron sujetas a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.

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