Hace aproximadamente un mes se llevaron a cabo los trabajos de aplicación de bischofita —conocida comúnmente como matapolvo— en distintos sectores de la comuna de Lautaro y la localidad de Pillanlelbún, como parte de una iniciativa municipal orientada a disminuir el polvo en suspensión y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas. Las labores comenzaron en el camino lateral al Cementerio Municipal, atendiendo una necesidad histórica de la comunidad, especialmente de quienes transitan diariamente por el sector y de las familias que manifestaban su preocupación por la acumulación de polvo sobre las lápidas de sus seres queridos. El programa también incluyó otros puntos de Lautaro, como el Parque Isabel Riquelme, sector Santa Ana, Miraflores y calle Ovando. En Pillanlelbún, en tanto, la aplicación se extendió a calles como O’Higgins, Esmeralda, Freire y Muco, entre otras. Los trabajos fueron inspeccionados en terreno por el alcalde Ricardo Jaramillo, quien destacó el impacto de la medida. “Este es un apoyo concreto que estamos entregando como municipio, en conjunto con la empresa privada, destinando más de 12 millones de pesos para la compra de este producto, que permite mejorar directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, señaló. Desde el municipio reiteraron su compromiso de continuar impulsando soluciones que respondan a las necesidades reales de la comunidad, especialmente en sectores que por años han debido convivir con los efectos del polvo en suspensión.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el imputado, junto a su conviviente y su suegra, habría realizado diversas maniobras de lavado de activos, con el objetivo de incorporar al sistema económico formal recursos obtenidos de manera ilícita. El Ministerio Público sostiene que las conductas investigadas generaron un perjuicio fiscal estimado en $143 millones, recursos que habrían sido utilizados para la adquisición de distintos bienes a nombre del imputado y sus familiares. El acusado ejercía funciones como jefe de proyectos de fortalecimiento productivo en la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de La Araucanía. Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para el imputado, mientras que su conviviente y su suegra quedaron sujetas a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.
Hace aproximadamente un mes se llevaron a cabo los trabajos de aplicación de bischofita —conocida comúnmente como matapolvo— en distintos sectores de la comuna de Lautaro y la localidad de Pillanlelbún, como parte de una iniciativa municipal orientada a disminuir el polvo en suspensión y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas. Las labores comenzaron en el camino lateral al Cementerio Municipal, atendiendo una necesidad histórica de la comunidad, especialmente de quienes transitan diariamente por el sector y de las familias que manifestaban su preocupación por la acumulación de polvo sobre las lápidas de sus seres queridos. El programa también incluyó otros puntos de Lautaro, como el Parque Isabel Riquelme, sector Santa Ana, Miraflores y calle Ovando. En Pillanlelbún, en tanto, la aplicación se extendió a calles como O’Higgins, Esmeralda, Freire y Muco, entre otras. Los trabajos fueron inspeccionados en terreno por el alcalde Ricardo Jaramillo, quien destacó el impacto de la medida. “Este es un apoyo concreto que estamos entregando como municipio, en conjunto con la empresa privada, destinando más de 12 millones de pesos para la compra de este producto, que permite mejorar directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, señaló. Desde el municipio reiteraron su compromiso de continuar impulsando soluciones que respondan a las necesidades reales de la comunidad, especialmente en sectores que por años han debido convivir con los efectos del polvo en suspensión.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el imputado, junto a su conviviente y su suegra, habría realizado diversas maniobras de lavado de activos, con el objetivo de incorporar al sistema económico formal recursos obtenidos de manera ilícita. El Ministerio Público sostiene que las conductas investigadas generaron un perjuicio fiscal estimado en $143 millones, recursos que habrían sido utilizados para la adquisición de distintos bienes a nombre del imputado y sus familiares. El acusado ejercía funciones como jefe de proyectos de fortalecimiento productivo en la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de La Araucanía. Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para el imputado, mientras que su conviviente y su suegra quedaron sujetas a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.
