El Presidente de la República, José Antonio Kast, rubricó el día de ayer un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo instaurar exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y establecer la destitución del cargo en caso de obtener un resultado positivo. La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, plantea que los controles se realicen al inicio del mandato y posteriormente de forma periódica. Además, introduce como nueva causa constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”. Esta normativa abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. En caso de ser aprobada, el mecanismo establecerá un estándar uniforme para las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales. El Gobierno argumentó que la legislación actual contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta falta “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”. Otro punto clave es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Además, cualquier resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas será motivo de destitución, cuya aplicación específica deberá ajustarse a las normativas que se establezcan posteriormente. La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Fuente: ADN Radio Nacional
El Partido Nacional Libertario (PNL) emitió un comunicado este domingo en respuesta a la controversia desatada por la difusión de un video protagonizado por uno de sus miembros, Ítalo Omegna. En el comunicado, el partido aseguró que las expresiones vertidas en el video no reflejan la postura oficial de la agrupación y confirmó que se activarán las instancias disciplinarias correspondientes para abordar el caso. La directiva nacional del PNL manifestó su rechazo contundente a las acusaciones formuladas por terceros que atribuyen al partido opiniones o posturas que, según afirmaron, nunca han sido respaldadas por la institución. Las declaraciones oficiales de nuestro partido siempre han sido expresadas a través de la directiva nacional, señaló Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL, quien enfatizó el compromiso absoluto del partido con la protección de niños, niñas y adolescentes. La polémica surgió a raíz de la difusión de un video grabado durante una actividad privada relacionada con el programa de streaming La Cofradía, en el cual Omegna junto a Emiliano Fernández y Fernando Ortiz realizaron comentarios que generaron críticas debido a referencias a menores de edad y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este video provocó reacciones adversas tanto de organizaciones vinculadas a la infancia y al autismo como de actores políticos. La Federación Nacional de Autismo (FENAUT) y la Fundación FUAN exigieron la salida de Omegna de sus funciones, mientras que varios dirigentes cuestionaron la falta de una respuesta inicial por parte del partido. En el transcurso del día, el diputado del PNL Hans Marowski confirmó que aceptó la renuncia de Omegna como asesor legislativo. Marowski explicó que el militante le informó que el video correspondía a una celebración privada y no guardaba relación con sus labores parlamentarias. En su declaración oficial, el PNL afirmó que no avala ningún tipo de declaración que menosprecie a las personas y aseguró que cualquier conducta incompatible con sus principios será objeto de reclamación ante las instancias disciplinarias pertinentes, las cuales ya han sido activadas en su totalidad. El partido instó a actuar con responsabilidad y criticó los intentos por atribuir al partido expresiones personales de sus miembros, reiterando que las posturas oficiales únicamente corresponden a sus representantes institucionales. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de las crecientes solicitudes de autoridades locales para decretar estado de catástrofe tras el sistema frontal, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno considera que, por ahora, cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar la emergencia y que una eventual declaración será evaluada una vez que exista un catastro completo de los daños. Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que autoridades comunales, como el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, acusaran falta de apoyo del nivel central y solicitaran activar el estado de catástrofe para acelerar la llegada de recursos destinados a la reconstrucción. Consultado por estos requerimientos tras una reunión en Senapred, el ministro Alvarado respondió que “hoy día los instrumentos que el Gobierno está utilizando permiten atender esta fase de la emergencia” y recalcó que las medidas preventivas adoptadas antes del temporal permitieron movilizar recursos y medios para enfrentar la contingencia. El secretario de Estado explicó que durante e ste lunes se recopilarán antecedentes detallados sobre las afectaciones en cada comuna para determinar el alcance real de los daños. “ Cuando tengamos la afectación real en las regiones y en cada comuna vamos a evaluar el pasar a una segunda fase, que es la recuperación. Y si esa segunda fase requiere facilitar la inversión para recuperar las zonas afectadas, indudablemente que valoraremos un estado de catástrofe por condiciones climáticas”, afirmó. El titular del Interior también defendió el despliegue del Ejecutivo, señalando que todas las solicitudes canalizadas a través de los comités regionales de gestión del riesgo han sido respondidas. Además, indicó que se reforzó el uso de medios aéreos para evacuar personas y abastecer a localidades aisladas, mientras continúan las labores para restablecer caminos y servicios básicos. Respecto a los cortes de electricidad, aseguró que el Gobierno fiscalizará a las empresas para garantizar las compensaciones establecidas por ley y exigir la reposición del suministro en el menor tiempo posible. Fuente: ADN Radio Nacional
El exdiputado Joaquín Lavín León se presentará este miércoles en una nueva audiencia de formalización en el Centro de Justicia de Santiago. En esta ocasión, la investigación está relacionada con posibles delitos electorales vinculados a la aplicación SocialTazk. Según los antecedentes del caso, el Ministerio Público está investigando el presunto uso y comercialización de bases de datos de votantes a través de la plataforma, las cuales habrían sido ofrecidas a otros legisladores con propósitos electorales. Esta nueva línea de investigación se suma al caso por el cual Lavín León ha estado en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde mayo de este año. En esa causa, la Fiscalía Metropolitana Oriente le acusa de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso y falsificación de instrumento privado mercantil, supuestamente cometidos durante su periodo como diputado y en el marco de la gestión municipal de Maipú liderada por su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. La medida cautelar fue ordenada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que consideró que la libertad del exlegislador representa un peligro para la seguridad pública. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó por unanimidad la prisión preventiva, rechazando un recurso presentado por la defensa del acusado. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wulf, salió en defensa de la gestión del Gobierno ante la controversia surgida por el caso de los 64 niños haitianos que figuraban como “no ubicados” en un informe preliminar de la Contraloría General de la República, y que finalmente fueron localizados en su totalidad por las autoridades. “ Yo me quedo tranquila con que los niños y adolescentes se encuentren bien. Ese es el enfoque de nuestro gobierno”, afirmó la ministra tras el cierre del caso junto a la PDI. La ministra destacó el trabajo conjunto realizado entre diversas instituciones en las últimas semanas y resaltó la coordinación entre entidades públicas y fuerzas policiales para esclarecer la situación. “Agradezco a todas las instituciones que han dedicado su energía y equipos para aclarar esta situación, que ha revelado deficiencias”, expresó Wulf, haciendo hincapié en que este incidente ha permitido identificar fallos en los sistemas de registro y coordinación del Estado. En esta misma línea, señaló que se inicia una nueva fase orientada a reforzar la trazabilidad de los procesos de reunificación familiar y garantizar condiciones como educación y bienestar para los menores. Cuando se le preguntó si la alerta inicial pudo haber resultado en una denuncia errónea sobre posibles delitos de trata o tráfico de personas, la ministra comentó que en situaciones donde intervienen múltiples actores “pueden existir algunas interpretaciones que, en ciertos casos, fueron incorrectas ”, pero subrayó que la prioridad fue actuar con prontitud ante una alerta institucional. Wulf también enfatizó que no se debe minimizar el caso desde una perspectiva estructural. “ Esto ha evidenciado deficiencias en el Estado de Chile, donde muchas instituciones no están en comunicación entre sí ”, afirmó, destacando la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional. En este sentido, advirtió sobre cómo la falta de información puede desembocar en situaciones de riesgo, por lo que el Gobierno promoverá el fortalecimiento de protocolos relacionados con la protección infantil y el control migratorio. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente de la República, José Antonio Kast, rubricó el día de ayer un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo instaurar exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y establecer la destitución del cargo en caso de obtener un resultado positivo. La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, plantea que los controles se realicen al inicio del mandato y posteriormente de forma periódica. Además, introduce como nueva causa constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”. Esta normativa abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. En caso de ser aprobada, el mecanismo establecerá un estándar uniforme para las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales. El Gobierno argumentó que la legislación actual contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta falta “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”. Otro punto clave es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Además, cualquier resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas será motivo de destitución, cuya aplicación específica deberá ajustarse a las normativas que se establezcan posteriormente. La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Fuente: ADN Radio Nacional
El Partido Nacional Libertario (PNL) emitió un comunicado este domingo en respuesta a la controversia desatada por la difusión de un video protagonizado por uno de sus miembros, Ítalo Omegna. En el comunicado, el partido aseguró que las expresiones vertidas en el video no reflejan la postura oficial de la agrupación y confirmó que se activarán las instancias disciplinarias correspondientes para abordar el caso. La directiva nacional del PNL manifestó su rechazo contundente a las acusaciones formuladas por terceros que atribuyen al partido opiniones o posturas que, según afirmaron, nunca han sido respaldadas por la institución. Las declaraciones oficiales de nuestro partido siempre han sido expresadas a través de la directiva nacional, señaló Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL, quien enfatizó el compromiso absoluto del partido con la protección de niños, niñas y adolescentes. La polémica surgió a raíz de la difusión de un video grabado durante una actividad privada relacionada con el programa de streaming La Cofradía, en el cual Omegna junto a Emiliano Fernández y Fernando Ortiz realizaron comentarios que generaron críticas debido a referencias a menores de edad y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este video provocó reacciones adversas tanto de organizaciones vinculadas a la infancia y al autismo como de actores políticos. La Federación Nacional de Autismo (FENAUT) y la Fundación FUAN exigieron la salida de Omegna de sus funciones, mientras que varios dirigentes cuestionaron la falta de una respuesta inicial por parte del partido. En el transcurso del día, el diputado del PNL Hans Marowski confirmó que aceptó la renuncia de Omegna como asesor legislativo. Marowski explicó que el militante le informó que el video correspondía a una celebración privada y no guardaba relación con sus labores parlamentarias. En su declaración oficial, el PNL afirmó que no avala ningún tipo de declaración que menosprecie a las personas y aseguró que cualquier conducta incompatible con sus principios será objeto de reclamación ante las instancias disciplinarias pertinentes, las cuales ya han sido activadas en su totalidad. El partido instó a actuar con responsabilidad y criticó los intentos por atribuir al partido expresiones personales de sus miembros, reiterando que las posturas oficiales únicamente corresponden a sus representantes institucionales. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de las crecientes solicitudes de autoridades locales para decretar estado de catástrofe tras el sistema frontal, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno considera que, por ahora, cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar la emergencia y que una eventual declaración será evaluada una vez que exista un catastro completo de los daños. Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que autoridades comunales, como el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, acusaran falta de apoyo del nivel central y solicitaran activar el estado de catástrofe para acelerar la llegada de recursos destinados a la reconstrucción. Consultado por estos requerimientos tras una reunión en Senapred, el ministro Alvarado respondió que “hoy día los instrumentos que el Gobierno está utilizando permiten atender esta fase de la emergencia” y recalcó que las medidas preventivas adoptadas antes del temporal permitieron movilizar recursos y medios para enfrentar la contingencia. El secretario de Estado explicó que durante e ste lunes se recopilarán antecedentes detallados sobre las afectaciones en cada comuna para determinar el alcance real de los daños. “ Cuando tengamos la afectación real en las regiones y en cada comuna vamos a evaluar el pasar a una segunda fase, que es la recuperación. Y si esa segunda fase requiere facilitar la inversión para recuperar las zonas afectadas, indudablemente que valoraremos un estado de catástrofe por condiciones climáticas”, afirmó. El titular del Interior también defendió el despliegue del Ejecutivo, señalando que todas las solicitudes canalizadas a través de los comités regionales de gestión del riesgo han sido respondidas. Además, indicó que se reforzó el uso de medios aéreos para evacuar personas y abastecer a localidades aisladas, mientras continúan las labores para restablecer caminos y servicios básicos. Respecto a los cortes de electricidad, aseguró que el Gobierno fiscalizará a las empresas para garantizar las compensaciones establecidas por ley y exigir la reposición del suministro en el menor tiempo posible. Fuente: ADN Radio Nacional
El exdiputado Joaquín Lavín León se presentará este miércoles en una nueva audiencia de formalización en el Centro de Justicia de Santiago. En esta ocasión, la investigación está relacionada con posibles delitos electorales vinculados a la aplicación SocialTazk. Según los antecedentes del caso, el Ministerio Público está investigando el presunto uso y comercialización de bases de datos de votantes a través de la plataforma, las cuales habrían sido ofrecidas a otros legisladores con propósitos electorales. Esta nueva línea de investigación se suma al caso por el cual Lavín León ha estado en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde mayo de este año. En esa causa, la Fiscalía Metropolitana Oriente le acusa de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso y falsificación de instrumento privado mercantil, supuestamente cometidos durante su periodo como diputado y en el marco de la gestión municipal de Maipú liderada por su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. La medida cautelar fue ordenada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que consideró que la libertad del exlegislador representa un peligro para la seguridad pública. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó por unanimidad la prisión preventiva, rechazando un recurso presentado por la defensa del acusado. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wulf, salió en defensa de la gestión del Gobierno ante la controversia surgida por el caso de los 64 niños haitianos que figuraban como “no ubicados” en un informe preliminar de la Contraloría General de la República, y que finalmente fueron localizados en su totalidad por las autoridades. “ Yo me quedo tranquila con que los niños y adolescentes se encuentren bien. Ese es el enfoque de nuestro gobierno”, afirmó la ministra tras el cierre del caso junto a la PDI. La ministra destacó el trabajo conjunto realizado entre diversas instituciones en las últimas semanas y resaltó la coordinación entre entidades públicas y fuerzas policiales para esclarecer la situación. “Agradezco a todas las instituciones que han dedicado su energía y equipos para aclarar esta situación, que ha revelado deficiencias”, expresó Wulf, haciendo hincapié en que este incidente ha permitido identificar fallos en los sistemas de registro y coordinación del Estado. En esta misma línea, señaló que se inicia una nueva fase orientada a reforzar la trazabilidad de los procesos de reunificación familiar y garantizar condiciones como educación y bienestar para los menores. Cuando se le preguntó si la alerta inicial pudo haber resultado en una denuncia errónea sobre posibles delitos de trata o tráfico de personas, la ministra comentó que en situaciones donde intervienen múltiples actores “pueden existir algunas interpretaciones que, en ciertos casos, fueron incorrectas ”, pero subrayó que la prioridad fue actuar con prontitud ante una alerta institucional. Wulf también enfatizó que no se debe minimizar el caso desde una perspectiva estructural. “ Esto ha evidenciado deficiencias en el Estado de Chile, donde muchas instituciones no están en comunicación entre sí ”, afirmó, destacando la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional. En este sentido, advirtió sobre cómo la falta de información puede desembocar en situaciones de riesgo, por lo que el Gobierno promoverá el fortalecimiento de protocolos relacionados con la protección infantil y el control migratorio. Fuente: ADN Radio Nacional
