La Corte Suprema anuló el juicio oral que condenó a 12 años de cárcel al agricultor Claudio Martini por el delito de parricidio frustrado a su hijo de 15 años en Villarrica, La Araucanía. El caso, ocurrido en octubre de 2019, reveló que el padre intentó matar a su hijo con un arma blanca en su hogar. A pesar de la sentencia inicial, la defensa buscó declararlo interdicto. Sin embargo, la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad debido a posibles infracciones a las garantías durante el juicio. El adolescente logró escapar y refugiarse con familiares, evitando así la tragedia. La Corte Suprema anuló el juicio oral que sentenció a 12 años de cárcel al agricultor Claudio Martini por el delito de parricidio frustrado a su hijo en Villarrica, en la región de La Araucanía. Este caso se remonta al 7 de octubre de 2019, cuando el hombre fue acusado de intentar matar a su hijo —de entonces 15 años— con un arma blanca. Tras el desarrollo del juicio oral, la Justicia lo sentenció en septiembre de 2024 a 12 años de cárcel, pese a que la defensa del imputado buscó declararlo interdicto. No obstante, la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad del juicio desarrollado en el TOP (Tribunal Oral Penal).El abogado querellante en este caso, Ciro Colombara, explicó que el recurso se presentó por infracción a las garantías ya que se argumentaba que las magistradas habían preguntado con mucho detalle sobre la presunta privación temporal de razón del acusado cuando intentó asesinar a su hijo. De acuerdo con los hechos investigados, el hijo del imputado estaba pernoctando en casa cuando este intento asesinarlo atacándolo con un arma blanca.El adolescente logró huir y refugiarse con familiares,evitando así el parricidio. {{ post.resumen_de_ia }} Fuente: Biobio Araucanía
La defensa de la exalcaldesa había acusado actuar ilegal por parte del Ministerio Público. La Segunda Sala de la Corte Suprema determinó este lunes rechazar el recurso de amparo presentado por la defensa de Cathy Barriga, que buscaba revertir su prisión preventiva. La acción buscaba anular la reformalización contra la exjefa comunal, imputada por delitos relacionados con el millonario desfalco municipal registrado durante su administración entre 2016 y 2021, y la medida cautelar de su presidio. La acción judicial, que fue presentada tras la reformalización de Barriga en septiembre pasado, también busca revocar la decisión del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, que le había otorgado arresto domiciliario. AHORA: Corte Suprema RECHAZÓ recurso de amparo presentado por Cathy Barriga para revertir su prisión preventiva. Segunda Sala desestimó actuar ilegal de la Fiscalía, como acusó la defensa de la exalcaldesa @CNNChile En el documento de la decisión, la Suprema apuntó que “no se advierte la afectación o puesta en riesgo, incluso, de la libertad personal o seguridad individual de la amparada, derechos protegidos por el artículo 21 de la Constitución Política”. “Esto se debe a que se trata de un cuestionamiento de una actuación procesal ordinaria, sin que se logre extraer una implicación directa en la privación de libertad que actualmente padece. Dicha privación fue dispuesta mediante una resolución judicial dictada por un tribunal competente”, añade. Por otro lado, el organismo señala que “el sometimiento a un proceso penal supone necesariamente una puesta en riesgo de libertad personal, justificando una revisión a través de acciones constitucionales. No reuniéndose los supuestos establecidos en el artículo 21 constitucional, esta acción debe ser rechazada”, finaliza el escrito. Fuente: CNN Chile País
La Corte Suprema ha desestimado el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador Javier Macaya, confirmando así su condena a seis años de cárcel efectiva por delitos de abuso sexual contra menores de edad. La sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando el 10 de julio, ya había sido comunicada oficialmente el 19 de julio. El caso, que comenzó con la formalización de Macaya el 7 de junio de 2023, ha tenido un desarrollo marcado por la gravedad de las acusaciones y la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins de una pena de 12 años. Sin embargo, el tribunal optó por una pena menor, además de imponer severas sanciones accesorias, que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la vigilancia de la autoridad durante una década tras cumplir la condena. Desde su formalización, Macaya ha estado en prisión, alternando entre arresto domiciliario y prisión preventiva, acumulando casi 500 días de privación de libertad, tiempo que será descontado de su pena. Finalmente, el caso también ha tenido repercusiones políticas. Ante un reportaje que insinuó un trato preferencial hacia Macaya en el centro penitenciario, Gendarmería de Chile ha abierto un sumario administrativo para investigar las circunstancias. Por su parte, Javier Macaya, tras enfrentar presiones por sus declaraciones en defensa de su padre, ha renunciado a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
La Corte Suprema anuló el juicio oral que condenó a 12 años de cárcel al agricultor Claudio Martini por el delito de parricidio frustrado a su hijo de 15 años en Villarrica, La Araucanía. El caso, ocurrido en octubre de 2019, reveló que el padre intentó matar a su hijo con un arma blanca en su hogar. A pesar de la sentencia inicial, la defensa buscó declararlo interdicto. Sin embargo, la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad debido a posibles infracciones a las garantías durante el juicio. El adolescente logró escapar y refugiarse con familiares, evitando así la tragedia. La Corte Suprema anuló el juicio oral que sentenció a 12 años de cárcel al agricultor Claudio Martini por el delito de parricidio frustrado a su hijo en Villarrica, en la región de La Araucanía. Este caso se remonta al 7 de octubre de 2019, cuando el hombre fue acusado de intentar matar a su hijo —de entonces 15 años— con un arma blanca. Tras el desarrollo del juicio oral, la Justicia lo sentenció en septiembre de 2024 a 12 años de cárcel, pese a que la defensa del imputado buscó declararlo interdicto. No obstante, la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad del juicio desarrollado en el TOP (Tribunal Oral Penal).El abogado querellante en este caso, Ciro Colombara, explicó que el recurso se presentó por infracción a las garantías ya que se argumentaba que las magistradas habían preguntado con mucho detalle sobre la presunta privación temporal de razón del acusado cuando intentó asesinar a su hijo. De acuerdo con los hechos investigados, el hijo del imputado estaba pernoctando en casa cuando este intento asesinarlo atacándolo con un arma blanca.El adolescente logró huir y refugiarse con familiares,evitando así el parricidio. {{ post.resumen_de_ia }} Fuente: Biobio Araucanía
La defensa de la exalcaldesa había acusado actuar ilegal por parte del Ministerio Público. La Segunda Sala de la Corte Suprema determinó este lunes rechazar el recurso de amparo presentado por la defensa de Cathy Barriga, que buscaba revertir su prisión preventiva. La acción buscaba anular la reformalización contra la exjefa comunal, imputada por delitos relacionados con el millonario desfalco municipal registrado durante su administración entre 2016 y 2021, y la medida cautelar de su presidio. La acción judicial, que fue presentada tras la reformalización de Barriga en septiembre pasado, también busca revocar la decisión del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, que le había otorgado arresto domiciliario. AHORA: Corte Suprema RECHAZÓ recurso de amparo presentado por Cathy Barriga para revertir su prisión preventiva. Segunda Sala desestimó actuar ilegal de la Fiscalía, como acusó la defensa de la exalcaldesa @CNNChile En el documento de la decisión, la Suprema apuntó que “no se advierte la afectación o puesta en riesgo, incluso, de la libertad personal o seguridad individual de la amparada, derechos protegidos por el artículo 21 de la Constitución Política”. “Esto se debe a que se trata de un cuestionamiento de una actuación procesal ordinaria, sin que se logre extraer una implicación directa en la privación de libertad que actualmente padece. Dicha privación fue dispuesta mediante una resolución judicial dictada por un tribunal competente”, añade. Por otro lado, el organismo señala que “el sometimiento a un proceso penal supone necesariamente una puesta en riesgo de libertad personal, justificando una revisión a través de acciones constitucionales. No reuniéndose los supuestos establecidos en el artículo 21 constitucional, esta acción debe ser rechazada”, finaliza el escrito. Fuente: CNN Chile País
La Corte Suprema ha desestimado el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador Javier Macaya, confirmando así su condena a seis años de cárcel efectiva por delitos de abuso sexual contra menores de edad. La sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando el 10 de julio, ya había sido comunicada oficialmente el 19 de julio. El caso, que comenzó con la formalización de Macaya el 7 de junio de 2023, ha tenido un desarrollo marcado por la gravedad de las acusaciones y la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins de una pena de 12 años. Sin embargo, el tribunal optó por una pena menor, además de imponer severas sanciones accesorias, que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la vigilancia de la autoridad durante una década tras cumplir la condena. Desde su formalización, Macaya ha estado en prisión, alternando entre arresto domiciliario y prisión preventiva, acumulando casi 500 días de privación de libertad, tiempo que será descontado de su pena. Finalmente, el caso también ha tenido repercusiones políticas. Ante un reportaje que insinuó un trato preferencial hacia Macaya en el centro penitenciario, Gendarmería de Chile ha abierto un sumario administrativo para investigar las circunstancias. Por su parte, Javier Macaya, tras enfrentar presiones por sus declaraciones en defensa de su padre, ha renunciado a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.