La Contraloría ordenó un sumario en la Dirección Regional Aduana de Talcahuano luego de detectar irregularidades y falencias en el control de ingreso de mercancías en el Puerto de Coronel. El organismo dio 15 días hábiles de plazo para realizar el sumario que permita detectar las eventuales responsabilidades administrativas. Según información proporcionada por la Contraloría, entre 2019 y 2023 se observó un aumento en las operaciones de ingreso de mercancías, pero no en igual proporción respecto a la dotación del personal destinado a la fiscalización. Esto resultó en bajos niveles de revisiones efectuadas a los ingresos de mercancías, alcanzando solo un 3,5% del total de declaraciones de ingreso tramitadas en 2023 en la zona primaria del Puerto Coronel. Además, se constató que la Dirección Regional Aduana de Talcahuano, a pesar de contar con un camión escáner, limitó su uso en 2023 y 2024 debido a que la maquinaria fue trasladada a otras ubicaciones por largos periodos. Asimismo, se identificó la existencia de mercancías almacenadas en el depósito aduanero del Puerto Coronel desde los años 2010 hasta 2022, categorizadas para diferentes destinos como subasta, destrucción, donación y reciclaje. En relación a las deficiencias tecnológicas, se señaló que falta un aplicativo o herramienta informática que permita al Servicio Nacional de Aduanas validar los vistos buenos otorgados por otros organismos públicos para autorizar el ingreso de productos al país. Ante esta situación, la Contraloría otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Regional de Aduanas para iniciar el sumario correspondiente y determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Asimismo, se instruyó acompañar los antecedentes que demuestren el incremento de su dotación y adoptar medidas necesarias para supervisar eficientemente los medios tecnológicos disponibles para la fiscalización. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría emitió un comunicado este martes en el que ordena a los municipios de todo el país tomar medidas para evitar el abandono de animales en situaciones de desalojo de tomas. Esta decisión surge a raíz de denuncias que indican que las municipalidades de La Florida, Cerro Navia y Quinta Normal no cumplieron con las directrices de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en relación a la protección de los animales en estos casos. En su investigación, la Contraloría encontró que la Municipalidad de La Florida no tenía un registro de los animales que vivían en la Toma Dignidad al momento del desalojo, situación que se repitió en la Toma 17 de Mayo en Cerro Navia, donde tampoco se contaba con un catastro para identificar y proteger a los animales. Según el informe, la Subdere proporcionó a las municipalidades un protocolo estándar a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), con recomendaciones para garantizar el bienestar animal en estas circunstancias. En palabras de la Contraloría: Los gobiernos locales deben tomar medidas adecuadas y oportunas para prevenir el abandono de mascotas, incluyendo el registro de los animales que viven en propiedades ocupadas ilegalmente dentro de su jurisdicción. Fuente: CNN Chile País
La contralora Dorothy Pérez fue ovacionada durante su exposición en ENADE, no solo por liderar investigaciones como el fraude de licencias médicas, sino también por anunciar una serie de fiscalizaciones próximas a ser comunicadas. Una de ellas se relaciona con el manejo de drogas decomisadas por los Servicios de Salud. En sus declaraciones, la contralora destacó la importancia de esta nueva indagatoria: Nuestras policías y todo su personal, hombres y mujeres se arriesgan para incautar drogas, y en procedimientos que son muy complejos (…) ellos se arriesgan, y después la droga queda ahí guardada en los Servicios de Salud, que no tienen las capacidades, ni siquiera los hornos para quemarlos, afirmó. Mega Investiga accedió a los antecedentes de las últimas 16 auditorías a los Servicios de Salud, algunas iniciadas tras una denuncia presentada por el diputado Andrés Longton (RN). En estas auditorías se detectaron graves fallas en los procesos de recepción, custodia y destrucción de drogas decomisadas manejadas por dichos servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Entre las irregularidades encontradas se incluyen diferencias en las cantidades de droga, retrasos en la destrucción y problemas graves en el control de la información. Estas irregularidades podrían implicar la comisión de delitos, por lo que la Contraloría decidió remitir los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. En una extensa lista de irregularidades detectadas, la Contraloría encontró casos donde se registraba inconsistencia en la cantidad de droga que debía ser eliminada. Por ejemplo, el pasado 9 de mayo del 2025, se constató que un acta del Servicio de Salud de O'Higgins registraba 17 plantas para su eliminación cuando físicamente solo se encontraron 8. Además, se revelaron discrepancias significativas en la cantidad de droga recibida entre los registros de los Servicios de Salud, Gendarmería y la PDI. Los informes elaborados por la Contraloría revelan un desorden total en el control de las drogas incautadas. Se detectaron bases de datos defectuosas con registros incompletos o con errores en Excel. Además, se evidenciaron retrasos tanto en los procesos de recepción como en la eliminación de droga. La Contraloría también señaló problemas en la infraestructura de los Servicios de Salud. Se detectaron casos donde la droga era apilada en pasillos o donde no se contaba con los hornos necesarios para su correcta eliminación. Ante estos hallazgos graves, la Contraloría instruyó sumarios internos para determinar responsabilidades dentro de los Servicios. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en el Servicio de Salud Ñuble, donde funcionarios del servicio y del Hospital Regional Chillán fueron acusados de formar una banda dedicada al tráfico ilegal de drogas. Tras una investigación conjunta entre el Ministerio Público y la Brigada Antinarcóticos, se descubrió que algunos funcionarios robaban parte de la droga incautada para traficarla. Cuatro involucrados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por el Ministerio Público. Fuente: Meganoticias
En el marco de una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE 2025), la contralora Dorothy Pérez, representante de la Contraloría, compartió detalles sobre las fiscalizaciones realizadas en el aparato público en los últimos meses. Durante su exposición, Pérez destacó la detección de masivas irregularidades y situaciones de mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. En relación a este tema, la contralora enfatizó que creo que logramos un impacto. En mayo se produjo un quiebre y se disminuyó en un 32,4% la emisión de licencias. Asimismo, hizo hincapié en que la recuperación de la salud es un derecho, y está constitucionalmente garantizado. No se trata de que las personas no tengan licencia médica; se trata de que los funcionarios no dejen de asistir a su trabajo justificados en una licencia que no sea real. Además, Pérez resaltó el papel fundamental que jugaron los propios funcionarios honestos en el proceso de fiscalización. Según sus palabras, muchos funcionarios honestos nos hicieron las denuncias serias y fundadas y hasta nos acompañaron las fotografías de algunos compañeros que abusaban. Se iban al extranjero invocando licencia, y estos funcionarios honestos tenían que hacerse cargo de todo el trabajo. Así que es lo hicimos por y para los funcionarios públicos. La contralora concluyó su intervención con un llamado a la transparencia y responsabilidad en el ejercicio público, destacando la importancia de garantizar la integridad en el desempeño laboral. Sus declaraciones fueron parte del evento organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), donde se abordaron diversos temas relacionados con la gestión empresarial y gubernamental. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría ordenó un sumario en la Dirección Regional Aduana de Talcahuano luego de detectar irregularidades y falencias en el control de ingreso de mercancías en el Puerto de Coronel. El organismo dio 15 días hábiles de plazo para realizar el sumario que permita detectar las eventuales responsabilidades administrativas. Según información proporcionada por la Contraloría, entre 2019 y 2023 se observó un aumento en las operaciones de ingreso de mercancías, pero no en igual proporción respecto a la dotación del personal destinado a la fiscalización. Esto resultó en bajos niveles de revisiones efectuadas a los ingresos de mercancías, alcanzando solo un 3,5% del total de declaraciones de ingreso tramitadas en 2023 en la zona primaria del Puerto Coronel. Además, se constató que la Dirección Regional Aduana de Talcahuano, a pesar de contar con un camión escáner, limitó su uso en 2023 y 2024 debido a que la maquinaria fue trasladada a otras ubicaciones por largos periodos. Asimismo, se identificó la existencia de mercancías almacenadas en el depósito aduanero del Puerto Coronel desde los años 2010 hasta 2022, categorizadas para diferentes destinos como subasta, destrucción, donación y reciclaje. En relación a las deficiencias tecnológicas, se señaló que falta un aplicativo o herramienta informática que permita al Servicio Nacional de Aduanas validar los vistos buenos otorgados por otros organismos públicos para autorizar el ingreso de productos al país. Ante esta situación, la Contraloría otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Regional de Aduanas para iniciar el sumario correspondiente y determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Asimismo, se instruyó acompañar los antecedentes que demuestren el incremento de su dotación y adoptar medidas necesarias para supervisar eficientemente los medios tecnológicos disponibles para la fiscalización. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría emitió un comunicado este martes en el que ordena a los municipios de todo el país tomar medidas para evitar el abandono de animales en situaciones de desalojo de tomas. Esta decisión surge a raíz de denuncias que indican que las municipalidades de La Florida, Cerro Navia y Quinta Normal no cumplieron con las directrices de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en relación a la protección de los animales en estos casos. En su investigación, la Contraloría encontró que la Municipalidad de La Florida no tenía un registro de los animales que vivían en la Toma Dignidad al momento del desalojo, situación que se repitió en la Toma 17 de Mayo en Cerro Navia, donde tampoco se contaba con un catastro para identificar y proteger a los animales. Según el informe, la Subdere proporcionó a las municipalidades un protocolo estándar a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), con recomendaciones para garantizar el bienestar animal en estas circunstancias. En palabras de la Contraloría: Los gobiernos locales deben tomar medidas adecuadas y oportunas para prevenir el abandono de mascotas, incluyendo el registro de los animales que viven en propiedades ocupadas ilegalmente dentro de su jurisdicción. Fuente: CNN Chile País
La contralora Dorothy Pérez fue ovacionada durante su exposición en ENADE, no solo por liderar investigaciones como el fraude de licencias médicas, sino también por anunciar una serie de fiscalizaciones próximas a ser comunicadas. Una de ellas se relaciona con el manejo de drogas decomisadas por los Servicios de Salud. En sus declaraciones, la contralora destacó la importancia de esta nueva indagatoria: Nuestras policías y todo su personal, hombres y mujeres se arriesgan para incautar drogas, y en procedimientos que son muy complejos (…) ellos se arriesgan, y después la droga queda ahí guardada en los Servicios de Salud, que no tienen las capacidades, ni siquiera los hornos para quemarlos, afirmó. Mega Investiga accedió a los antecedentes de las últimas 16 auditorías a los Servicios de Salud, algunas iniciadas tras una denuncia presentada por el diputado Andrés Longton (RN). En estas auditorías se detectaron graves fallas en los procesos de recepción, custodia y destrucción de drogas decomisadas manejadas por dichos servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Entre las irregularidades encontradas se incluyen diferencias en las cantidades de droga, retrasos en la destrucción y problemas graves en el control de la información. Estas irregularidades podrían implicar la comisión de delitos, por lo que la Contraloría decidió remitir los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. En una extensa lista de irregularidades detectadas, la Contraloría encontró casos donde se registraba inconsistencia en la cantidad de droga que debía ser eliminada. Por ejemplo, el pasado 9 de mayo del 2025, se constató que un acta del Servicio de Salud de O'Higgins registraba 17 plantas para su eliminación cuando físicamente solo se encontraron 8. Además, se revelaron discrepancias significativas en la cantidad de droga recibida entre los registros de los Servicios de Salud, Gendarmería y la PDI. Los informes elaborados por la Contraloría revelan un desorden total en el control de las drogas incautadas. Se detectaron bases de datos defectuosas con registros incompletos o con errores en Excel. Además, se evidenciaron retrasos tanto en los procesos de recepción como en la eliminación de droga. La Contraloría también señaló problemas en la infraestructura de los Servicios de Salud. Se detectaron casos donde la droga era apilada en pasillos o donde no se contaba con los hornos necesarios para su correcta eliminación. Ante estos hallazgos graves, la Contraloría instruyó sumarios internos para determinar responsabilidades dentro de los Servicios. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en el Servicio de Salud Ñuble, donde funcionarios del servicio y del Hospital Regional Chillán fueron acusados de formar una banda dedicada al tráfico ilegal de drogas. Tras una investigación conjunta entre el Ministerio Público y la Brigada Antinarcóticos, se descubrió que algunos funcionarios robaban parte de la droga incautada para traficarla. Cuatro involucrados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por el Ministerio Público. Fuente: Meganoticias
En el marco de una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE 2025), la contralora Dorothy Pérez, representante de la Contraloría, compartió detalles sobre las fiscalizaciones realizadas en el aparato público en los últimos meses. Durante su exposición, Pérez destacó la detección de masivas irregularidades y situaciones de mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. En relación a este tema, la contralora enfatizó que creo que logramos un impacto. En mayo se produjo un quiebre y se disminuyó en un 32,4% la emisión de licencias. Asimismo, hizo hincapié en que la recuperación de la salud es un derecho, y está constitucionalmente garantizado. No se trata de que las personas no tengan licencia médica; se trata de que los funcionarios no dejen de asistir a su trabajo justificados en una licencia que no sea real. Además, Pérez resaltó el papel fundamental que jugaron los propios funcionarios honestos en el proceso de fiscalización. Según sus palabras, muchos funcionarios honestos nos hicieron las denuncias serias y fundadas y hasta nos acompañaron las fotografías de algunos compañeros que abusaban. Se iban al extranjero invocando licencia, y estos funcionarios honestos tenían que hacerse cargo de todo el trabajo. Así que es lo hicimos por y para los funcionarios públicos. La contralora concluyó su intervención con un llamado a la transparencia y responsabilidad en el ejercicio público, destacando la importancia de garantizar la integridad en el desempeño laboral. Sus declaraciones fueron parte del evento organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), donde se abordaron diversos temas relacionados con la gestión empresarial y gubernamental. Fuente: CNN Chile País
