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PublicadoenPor(Hazte miembro de nuestro canal de Whatsapp y recibe las noticias primero)La polémica por los pozos de áridos escala. Esto porque la municipalidad decidió el cierre de doce de estos lugares en donde se extrae material pétreo, clave en los procesos construcción en la ya alicaída industria inmobiliaria local. Lo anterior es uno de los principales efectos del informe que elaboró la Dirección de Obras Municipales (DOM) en febrero pasado y que actualizó en septiembre; en el que pesquisaron 26 pozos lastre, 25 de ellos funcionando de manera irregular. El decreto de cierre está fechado el pasado 30 de octubre  y en él, firmado por la Secretaria Municipal, Gladiela Matus, se da cuenta de la existencia de otros tres nuevos pozos que deberían ser infraccionados debido a que no están con las autorizaciones correspondientes y establecidas en la Ordenanza Municipal de Áridos de mayo de 2021. “La municipalidad, a través de su Dirección de Obras realizó las fiscalizaciones correspondientes, se cursaron las infracciones según la ordenanza municipal, las que fueron denunciadas al Juez de Policía Local de Pucón. La municipalidad de Pucón ha realizado las acciones establecidas por la ordenanza de acuerdo a los tiempos administrativos, de igual manera los profesionales de las unidades de fiscalización continúan fiscalizando diversas materias de la ordenanza en todo el territorio comunal”, señalaron desde el gabinete del alcalde Carlos Barra.Otro de los puntos en los que hay que hacer foco es en el posible cobro del impuesto, establecido en la ordenanza, de 0,05 UTM ($1.333) por metro cúbico extraído. El tema es que en el informe de la DOM se le pedía analizar a la administración municipal la posibilidad de hacer este cobro de manera retroactiva. En los hechos, de hacerse efectivo, serían varios cientos de millones de pesos en impuestos perseguibles por la administración pública local. De hecho, algunos concejales apuntaron a este cobro y dejaron entrever, incluso, la posibilidad de que se configurara un eventual “notable abandono de deberes” de parte del alcalde Barra por no ir en pos del dinero. Consultada la municipalidad por este punto, respondieron que es algo que están evaluando, por lo que reúnen todos los antecedentes. “Esto se analizará desde un punto de vista jurídico, ya que es necesario evaluar la totalidad de los antecedentes”, dijeron. Ahora, algunas de las fuentes consultadas por este medio apuntan a que este cobro es legalmente improcedente. Esto, porque se hace contradictorio cobrar un impuesto por algo que, en los hechos, están cerrando o prohibiendo. En este caso corresponderían multas, clausuras e —incluso— denuncias ambientales; pero no cobro retroactivo de impuestos. Explican que es lo mismo que sucedió con las terrazas irregulares. No se les podía cobrar por el uso del bien nacional de uso público (la vereda), si en los hechos no podían estar ahí. Quienes también miran de cerca este conflicto son, obviamente, el gremio del transporte y quienes trabajan en el negocio de la venta de material pétreo para la construcción. Hérnan Valenzuela, abogado y representante de una agrupación de personas que se dedican a este rubro enfocó en una serie de elementos que, a su juicio, son relevantes a la hora del análisis. El primero de ellos es lo económico. Según el profesional, la aplicación de la ordenanza y el cierre de los pozos significa, en los hechos, un aumento considerable en el costo del material, clave en el proceso de construcción. “Producto de esta situación provocada por la municipalidad, nosotros le adelantamos a la comuna de Pucón y a los clientes que va a haber un alza en el precio de los materiales. Esto, porque el material que se extraía en Pucón debe ser traído ahora desde Villarrica, lo que eleva casi al doble el costo de venta de este material”, explicó Valenzuela. Lo anterior, por cierto, es un golpe muy duro al rubro de la construcción; el que en el último tiempo ha estado a la baja producto de la crisis y las políticas restrictivas (principalmente la permisología) de las autoridades.Por otro lado, Valenzuela adelantó que ya se encuentran en conversaciones con el alcalde electo, Sebastián Álvarez, para propiciar un cambio en la ordenanza: “Vamos a solicitar una mesa de trabajo a efectos de modificar la ordenanza, pues como gremio creemos que esta ordenanza es ilegal, arbitraria y se ha hecho con el fin de que sea imposible de cumplir, pues tiene un conjunto de exigencias que sobrepasan lo razonable”. Valenzuela adelantó que evalúan, incluso, iniciar una acción legal para cambiar la actual situación en la que los pozos se encuentran cerrados. De hecho, el único que podría quedar operativo es el municipal que, según la autoridad cuenta con todos los permisos, pero que para el abogado valenzuela, también estaría funcionando de manera irregular.  Dirigente social tuvo que ofrecer disculpas públicas a encargada de Vivienda de la municipalidadSebastián Álvarez pide que todos los cargos de confianza entreguen sus renuncias: planea un cambio total en los equipos municipalesEstudio jurídico local invita a seminario tributario gratuito para la comunidadLo que deja en la derecha puconina la elección de Gobernador RegionalApertura del cráter del Villarrica: un “día histórico” en primera personaRené Saffirio saca a Luciano Rivas de la Gobernación: “Caso Convenios” marca la suerte del representante de Chile VamosElección de Gobernador en La Araucanía¿Qué hacemos para estar preparados? 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Fuente: La Voz de Pucón Actualidad
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